Extremadura exige un DNI para evitar el robo de aceitunas, tras sustraerse 500.000 kilos la pasada campaña

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Con los precios del aceite de oliva en sus cotizaciones actuales por encima de los tres euros/kilo en origen, la tentación de los robos de aceituna en el campo a buen seguro que volverán. Una situación que se repite durante los últimos inviernos en las principales zonas productoras como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde abundan los puestos de compra de aceituna en muchos pueblos.

Las críticas de las organizaciones agrarias han conseguido que una comunidad autónoma, la extremeña, haya aprobado un decreto para garantizar la trazabilidad de la aceituna y la uva que se transporta. Es decir, para que toda aceituna que sea transportada deba llevar de origen su DNI que garantice su propiedad y trazabilidad, y que no ha sido sustraída.

Dicho documento deberá llevarse durante todo el transporte hasta sus almazaras o bodegas de destino, y deberá mostrarse a los agentes de la Guardia Civil en caso de ser requerido. Hasta ahora, este documento era opcional pero con el actual decreto pasará a ser obligatorio. Según la Junta de Extremadura, se trata de “luchar contra los robos en el campo”.

La pasada campaña, el olivar extremeño –sobre todo en la provincia de Badajoz, la de mayor producción– fue uno de los más afectados por los robos de aceituna. La Guardia Civil recibió en campaña hasta 200 denuncias por un total de 500.000 kilos de aceituna, de los que se logró recuperar hasta 135.000 kilos.

La zona de Navalvillar de Pela, con casi 5.000 hectáreas de olivar, fue una de las más afectadas durante la pasada campaña, pese a la formación de patrullas rurales por parte de los propios productores. Bandas organizadas de ladrones mantuvieron en vilo a los olivareros locales durante semanas.

Mientras, en el pueblo de La Nava de Santiago, también de Badajoz, un grupo de ladrones casi mata a un guardia contratado por la cooperativa local de Santa Quiteria para proteger los olivares.

El decreto aprobado no solo exige el control sobre el origen, sino también sobre el destino final de los productos, ya sean almazaras, cooperativas o puntos de venta privados.

Cuando pasen dos años de la entrada en vigor del decreto, que será operativo ya para la actual campaña, la Junta de Extremadura evaluará su eficacia para corregir posibles problemas en su aplicación y también para poder ampliarlo a otros productos del campo como frutas y hortalizas.

Vía: Revista ALMAZARA

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